Expertos explican el impacto que tendrá la Ley SBAP, tras su aprobación final

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Con este paso y luego de 13 años de tramitación en el Congreso, la iniciativa logró sortear su último trámite legislativo, por lo que queda lista para su promulgación.

El proyecto de ley fue aprobado con 131 votos a favor, dos en contra, de los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Gloria Naveillán (IND), y una abstención, del diputado Francisco Pulgar (IND), dando cuenta del apoyo transversal a la iniciativa, lo que también se refleja entre expertos, como los abogados Ezio Costa y Paula Elías Auad.

La ley SBAP busca completar la institucionalidad ambiental chilena establecida en la Ley 20.417 de 2010, que incluye al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, con la creación de un servicio público encargado de la protección de biodiversidad. Este será independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo instrumento principal será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La iniciativa también busca hacerse cargo de la dispersión institucional de las áreas protegidas que están repartidas en al menos cinco entidades públicas; dotar al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio; y fortalecer la normativa con recursos para la conservación. El aporte del gasto fiscal directo a la institucionalidad ambiental aumentaría en un 58%.

En línea con Escazú

Paula Elías, abogada socia de Elías Abogados, señaló que la legislación fue un compromiso transversal presente en los tres últimos programas de Gobierno, y que sus atribuciones centrales permitirán administrar las áreas protegidas del Estado, supervisar las áreas protegidas privadas y fiscalizar las actividades que se realicen en ellas.

Un aspecto clave, para Elías, es que este proyecto va en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, tratado del que Chile forma parte desde 2022 y que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental.

“El proyecto (SBAP) incorpora en la participación ciudadana al mundo científico, en la tarea de identificar los sitios prioritarios al momento de fijar el marco para la planificación de la conservación de la biodiversidad de nuestro país”, dijo Elías.

Gestión, fiscalización y sanción

Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), comentó que el SBAP tiene tres puntos centrales en comparación a las leyes vigentes: completa la institucionalidad ambiental, crea instrumentos de gestión para la biodiversidad y establece modos de fiscalización y sanción.

Respecto de los instrumentos de gestión, afirmó que van a ser aplicados en distintas escalas, no solamente para las áreas protegidas, sino también para otros espacios donde exista biodiversidad relevante.

Por ejemplo, los paisajes de conservación, “que es una nueva figura que se crea para la protección de áreas”, la planificación ecológica, “que es muy importante para ayudar en el ordenamiento territorial”, y la incorporación más acabada de las áreas protegidas privadas.

El abogado, también destacó que el proyecto establece modos de fiscalización y de sanción por los daños que se puedan producir a la biodiversidad, “lo que antes no existía de forma consolidada”, dijo.

Señaló que su puesta en práctica se va a traducir en que la protección del medio ambiente “va a necesitar una mayor cantidad de recursos públicos, y los que se destinaban a las entidades que veían áreas protegidas, como la Conaf (Corporación Nacional Forestal), tendrán que dirigirse ahora a la nueva institucionalidad”.

Concesiones, sin cambios

La Cámara Baja aprobó este miércoles una propuesta de ley que ya no contenía el polémico inciso segundo del artículo 149, el que establecía la prohibición de concesiones salmoneras en seis categorías de áreas protegidas -el que fue rechazado en Comisión Mixta la semana pasada- y sólo se aprobó la prohibición de operar en tres casos específicos: parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen.

Respecto de este punto, Costa afirmó que las concesiones “quedan muy similar a lo que rige hoy, donde la mayoría de las actividades industriales, están prohibidas en las áreas protegidas y eso sigue igual”.

Agregó que, por esa razón, “la ley no debiese afectar en general al sector industrial y los proyectos que estén en marcha”.

Respecto del camino que debe recorrer la SBAP previo a su promulgación, Costa explicó que ahora el Congreso debe oficiar al Ejecutivo la aprobación del proyecto y luego deberá pasar por revisión del Tribunal Constitucional.

Desde el MMA, afirmaron que estas etapas restantes debiesen estar listas entre dos a tres meses más.